EJECUCIÓN DE ACTUACIONES MEDIANTE MEDIOS PROPIOS NO PERSONIFICADOS O PERSONIFICADOS O CON LA COLABORACIÓN DE EMPRESAS PARTICULARES.

La Ley de Contratos del Sector Público prevé que la Administración pueda ejecutar directamente obras,

fabricar muebles, prestar servicios u otras prestaciones

 con la colaboración de un empresario particular o a través de medios propios no personificados,

 es decir, cuando la Administración dispone de medios en su infraestructura

que no formen una persona jurídica independiente de la propia Administración

(Por ejemplo, que disponga de un servicio de mantenimiento propio que pueda cambiar la iluminación existente a LED).

También se prevé la llamada potestad de autoorganización y

 los sistemas de cooperación pública vertical y horizontal

que suponen formas de colaboración entre las Administraciones Públicas para evitar los contratos.

En concreto, las entidades pertenecientes al sector público podrán cooperar entre sí de alguna de las siguientes formas, sin que el resultado de esa cooperación pueda calificarse de contractual:

1)    Mediante sistemas de cooperación vertical

consistentes en el uso de medios propios personificados

 en el ejercicio de su potestad de auto organización,

mediante el oportuno acuerdo de encargo (antes denominado encomienda de gestión).

2)    Mediante sistemas de cooperación horizontal

entre entidades pertenecientes al sector público,

 previa celebración de los correspondientes convenios de colaboración

Los supuestos de cooperación vertical,

es decir lo que se denominan ENCARGOS A MEDIOS PROPIOS PERSONIFICADOS)

 se  encuentran regulados en los artículos 31, 32 y 33 de la LCSP.

Este tipo de cooperación vertical supone que 

empresas creadas por el propio sector público

pueden solucionar necesidades de la Administración,

que se retribuyen por tarifas

aprobadas por  la propia entidad pública basadas en costes reales

 ( es el caso de TRAGSA).

Este tipo de ENCARGOS no tendrán la consideración jurídica de CONTRATO,

 aunque como hemos visto, sí se regulan por la Ley de contratos.